El bloqueo que sufre la investidura de Pedro Sánchez a dos semanas de la cita ha provocado que en los últimos días esté encima de la mesa una hipotética reforma constitucional que facilite la formación de un gobierno. Pedro Sánchez dice no contemplar que habrá elecciones en noviembre, pero la posibilidad de un bloqueo es tan real que ayer mismo confirmó lo que hasta ahora eran meras insinuaciones. Se plantea una reforma de la Carta Magna para retocar su artículo 99 e impedir que los partidos se atrincheren en contra de la formación de un gobierno que no alcance una mayoría absoluta o, al menos, holgada como para ser investido un presidente. Fuentes de la Moncloa sostienen que el modelo que estudian es parecido al de la elección del presidente del Congreso, donde gana el candidato más votado por los diputados. La clave, señalan, es encontrar la fórmula para incorporar en este modelo un encaje para la figura del Rey, al entender que debe ser «salvaguardada». Los socialistas descartan otras posibilidades, como el ejemplo de Grecia, donde el partido más votado por los electores recibe un plus de 50 escaños, un modelo que ha defendido por contra el PP. Este plus de representación, según el PSOE, dificultaría el control parlamentario al Gobierno.

Aunque la iniciativa, para la que se necesitan 210 diputados a favor, podría lograr el apoyo de los partidos de derechas, Pablo Iglesias ya mostró ayer su rechazo. Podemos tiene suficiente representación en el Congreso de los Diputados para exigir que se convoque un referéndum sobre la reforma. En uno u otro caso, Sánchez introduciría también modificaciones como la sucesión al trono (para evitar la prevalencia del hombre frente a la mujer) o la eliminación de los aforamientos.

Lo cierto es que en una coyuntura exenta de mayorías absolutas y con primas de nuestra Constitución a la representación de los territorios históricos, se producen situaciones que hacen inviable la gobernabilidad del país o abocan desde la apertura de urnas a una nueva convocatoria electoral cuyo resultado, por cierto, sería muy parecido al anterior. Los ciudadanos no quieren nuevas convocatorias ni tampoco una situación de bloqueo que obligue a adoptar una situación de parón que nada beneficia a la economía y la estabilidad del país.