El curso empieza cargado de tensión en el ámbito político, vistos los acontecimientos de los últimos días. Y en el económico tampoco parece traer muy buenas noticias. La vuelta de vacaciones viene con dos sorpresas desagradables para los ciudadanos: la subida de los carburantes y de la factura de la luz. La gasolina es un 11,7% más cara que en agosto del año pasado y el diésel lo es un 15,3% más, alzas que coinciden con la operación retorno, lo que recurrentemente se denuncia desde las asociaciones de consumidores. En cuanto a la luz, se halla en cotas máximas (un usuario medio pagará en agosto un 11% más que el mismo mes del año pasado). En ambos casos, son encarecimientos de suministros básicos que afectan directamente a los hogares y las empresas, en ocasiones inasumibles, y que no deberían tratarse como fenómenos inevitables.

La luz es más cara, fundamentalmente, por la subida del precio mayorista de la electricidad (especialmente por el carbón y el gas), pero no hay que olvidar que en el recibo también se aplican impuestos, entre ellos el IVA. En este sentido, el Gobierno podría actuar aprobando una fiscalidad más favorable para los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que la luz está gravada con el 21% de IVA (el tipo general, sin reducción), una tasa más alta que Alemania, Francia o el Reino Unido. En el caso de la gasolina, los precios encadenan tres semanas de subidas, mientras que en el gasóleo son ya seis consecutivas, debidas principalmente al alza del petróleo. Se trata de un mercado sobre el que la CNMC realiza una importante labor de vigilancia para evitar malas prácticas de las compañías que perjudiquen la competencia y el consumidor.

Los precios energéticos son los principales responsables de que el índice de precios de consumos (IPC) se haya mantenido en agosto en el 2,2% interanual, según el indicador adelantado del INE. De confirmarse, serían ya 24 meses consecutivos con el IPC en tasa positiva, lo que reflejaría el dinamismo de nuestra economía, pero también conlleva pérdida de poder adquisitivo para algunos colectivos, especialmente los más vulnerables. Si los precios suben, pero los ingresos se mantienen, cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Una situación difícil de justificar en un entorno de recuperación, lo que da más argumentos a quienes abogan por la mejora de los salarios y las pensiones.