Cientos de miles de personas llenaron ayer las plazas de toda España frente a sus ayuntamientos bajo el lema Hablemos/Parlem. El fracaso de la política para abordar el problema catalán, y tantos otros en los últimos años, ha convertido toda España en un gran manifestódromo en el que hasta ayer habían reinado en solitario los independentistas catalanes y puntualmente los partidarios de una unidad inmovilista de España. Hasta este sábado en el que sin banderas y con el blanco como único uniforme se pidió diálogo, que en este delicado momento es como pedir simplemente sentido común.

Unos y otros harían bien en atender este clamor que, aunque en su formulación tenga un punto antipolítico, es evidente que en su traslación debe ser básicamente político. Les han pedido que hablen sin condicionarles lo que tienen que decir, que hablen con el folio en blanco y más pendientes de los ciudadanos como personas que como votantes.

¿Es posible este diálogo? Diríamos que es imprescindible y por tanto hay que hacerlo posible. Lo piden centenares de miles de personas en la calle, lo piden los gobiernos europeos, lo demandan esas empresas obligadas a cambiar de domicilio social por la irresponsabilidad de unos y la inoperancia de los otros y, de manera urgente, lo exige el mantenimiento de la convivencia, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. En la última semana, el desprecio a la ley y el abandono de la política han llevado a las calles un conflicto que nunca debería haber salido de las instituciones y nunca las debería haber bloqueado.

¿Cuáles son las condiciones de ese diálogo? Posiblemente no necesita de mediadores sino principalmente de la voluntad de las partes. Por un lado, el gobierno de la Generalitat debe retornar a la legalidad vigente, acordada por todos, y dejar de alimentar una legalidad de parte como ha hecho desde el pasado seis de setiembre.

Ello no le exime de acarrear con las consecuencias judiciales de ese exabrupto, pero entretanto, mientras no haya condenas, no le inhabilita como interlocutor.

Si eso es así y bajo el compromiso de no volver a esa vía de actuación, el gobierno de España, con el amparo de los grupos parlamentarios, debería aceptar hablar de todo, porque lo que es ilegal es el método pero en ningún caso las ideas.