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EDITORIAL

Corrupción con las vacunas

 

Desde el inicio de la campaña de vacunación, menudean las noticias de personas que, aprovechándose de un trabajo o de unas relaciones que se lo permite, se han vacunado contra el covid saltándose el protocolo establecido. No son casos mayoritarios, pero sí generan un comprensible escándalo social tras casi un año de pandemia y en pleno azote de la tercera ola de la enfermedad. Ha habido altos cargos políticos (el consejero de sanidad de Murcia, que fue destituido por ello), funcionarios, alcaldes, concejales, personalidades religiosas, gerentes de hospitales, sanitarios jubilados, y familiares de sanitarios o de trabajadores de residencias. El caso más grave ha sido el del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que dimitió después de conocerse que se había vacunado. Según el militar, abandonó su cargo a pesar de que cumplió un protocolo y no se aprovechó de su rango para vacunarse antes de lo que le correspondía por edad. El Ejército ha recibido vacunas que se han repartido entre el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el EMAD. En cada uno de esos ejércitos se vacuna primero a los sanitarios, después a los militares en misiones en el exterior y finalmente a la cadena de mando según criterios de edad. Villarroya, de 63 años, cumplió este protocolo. Pese a ello, como argumentaba el militar en su nota de dimisión, el hecho de que se hubiera vacunado deterioraba la imagen de las Fuerzas Armadas.

Es así, primero, por la escasa transparencia del caso. El protocolo de vacunación transmitido a la ciudadanía nada decía del Ejército, ni tampoco de las personas que dirigen las principales instituciones del Estado. Además, la noticia de su vacunación llegó después del goteo de numerosos casos escandalosos de corrupción con la vacuna. Porque corrupción es aprovecharse del cargo, el trabajo o las relaciones para inocularse antes de lo que toca con argumentos sonrojantes: que se vacunaron a causa de un malentendido, que sobraban vacunas y no querían que se perdieran, que su trabajo es esencial, o que se pretendía dar confianza a la ciudadanía respecto las vacunas.

El efecto es el contrario: una profunda desconfianza y balones de oxígeno para alimentar el incendio del populismo y de la demagogia. Sucede lo mismo que con la corrupción política: son ejemplos del un tipo de poder político que vive en una burbuja de impunidad. Ni todos los políticos son corruptos ni el proceso de vacunación no es un sálvese quien pueda, pero esta forma de entender lo público y la responsabilidad ciudadana por parte de unos pocos es tóxica.

Esta cultura de la corrupción, como bien sabemos, crece y prospera con la falta de la transparencia. Imposibilita, además, que puedan llevarse a cabo debates que deberían poder celebrarse en una sociedad democrática consolidada. Por ejemplo, voces como las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han planteado de forma algo torpe el debate de si es necesario que en algún punto del calendario de vacunación las personas que hacen funcionar las instituciones del Estado sean inoculadas. Es razonable que sea así, no por privilegios, si no por un elemental respeto a las instituciones democráticas, que son de todos y a todos nos representan. Pero en un contexto de un goteo de amiguismo y escándalos diarios, mantener un debate en estos términos es muy difícil. La conjunción de cultura de la corrupción y populismo es dañina para la democracia.