El Gobierno aprobó ayer un decreto para reducir, simplificar y bonificar el recibo de la luz. La facturación eléctrica en España es un laberinto para la comprensión de los usuarios, como reconoció la ministra Teresa Ribera, pero el paquete de medidas presentadas no ha podido sustraerse a esa confusión. El común denominador es una declaración de intenciones políticas: favorecer al consumidor y promover las energías renovables. La concreción de las medidas es menos ambiciosa. Se suprime el impuesto del 4% llamado de ‘generación eléctrica’, una medida con impacto reducido, puesto que gravaba solo el consumo, que es menos del 50% del recibo. También se elimina el absurdo impuesto del sol que desincentivaba el autoconsumo de energía solar. Y, finalmente, se amplía el bono social a más colectivos. Un segundo bloque de medidas pone límites a lo que el Gobierno considera abusos de las compañías suministradoras: la comercialización puerta a puerta, la reducción de los tramos de la potencia contratada y la ampliación de la tarifación por franjas horarias. Todas en la buena dirección, aunque dependerán de la capacidad que tenga el propio Ejecutivo de controlar su cumplimiento. El recibo de la luz debe ser más claro y más transparente. Lo aprobado va en la buena dirección, pero queda mucho por hacer: una reforma eléctrica que traslade los costes reales al recibo, sin peajes ni otros subterfugios y arregle por la vía impositiva su impacto en las rentas vulnerables.
