La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha decidido quedarse en Suiza y no presentarse a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Opta por la misma vía que el expresidente Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros que después de que el Parlamento catalán votara la declaración de independencia el 27 de octubre huyeron a Bruselas. Prosigue así la dispar forma con la que los líderes encausados del independentismo afrontan su defensa ante el grave proceso judicial abierto contra ellos. Mientras Gabriel confirmaba desde Suiza su intención de pedir asilo si España solicita su extradición, en Madrid Artur Mas afirmaba ante Llarena que la declaración de independencia «fue puramente simbólica» y sin efectos. Eso sí, Mas opina que el 1-O fue un referéndum. Si Mas se une a la línea de defensa más pragmática, Gabriel abre otro foco en lo que ha venido a llamarse la «internacionalización» del conflicto. En el mismo estilo que Puigdemont, pone en duda la calidad democrática de la justicia española y pretende poner en un brete al Estado. Esta estrategia es coherente con el ideario dela CUP. Sin embargo, llama la atención ver prófuga de la justicia a la diputada que instaba a desobedecer la ley a cargos electos que hoy se encuentran en prisión preventiva. Sobre todo cuando en estos momentos la CUP y JxCat exigen a ERC que asuma las consecuencias penales de volver a desobedecer e investir a distancia a Puigdemont.
