La admisión a trámite, por parte del Congreso de los Diputados, de la proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña en referencia a la despenalización de la eutanasia hace prever que una mayoría absoluta de la Cámara aprobará, finalmente, la modificación del apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, en el sentido de eximir de responsabilidades y descriminalizar la actuación de quienes ayuden a morir a un enfermo con dolencia terminal o «patología incurable» que le provoque «un sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente». Después de muchas idas y venidas, de confrontaciones políticas baldías, de la negativa radical del PP (que solo habla de cuidados paliativos) y de la indefinición de Ciudadanos, España está en el camino de incorporarse al limitado grupo de países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá) que han legalizado una práctica que, con el suicidio asistido, permite dignificar el proceso de la muerte y, como ha defendido en el Congreso Marta Ribas (En Comú Podem), «elegir libremente cuál es nuestro umbral de dignidad». La mayoría de encuestas señalan que el 75% de la población española es favorable a la eutanasia, una cifra que refleja un sentimiento generalizado al que el legislador, por fin, va a atender. Se trata de un paso decisivo, en una sociedad avanzada, que, en su gravedad moral, debe tratarse con delicadeza, sin apriorismos ideológicos y con las máximas garantías médicas.
