España es uno de los países europeos que menos contribuyen a la lucha contra el cambio climático. No solo no contiene las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que durante el 2017 registró un fuerte aumento: las toneladas de CO2 lanzadas a la atmósfera subieron un 4,46%, el mayor aumento interanual desde el año 2002, la fecha en que entró en vigor el protocolo de Kioto. Estas son las conclusiones de un informe sobre las emisiones de gases invernadero presentado por la central sindical CCOO que llega a la conclusión de que España está muy lejos de cumplir con la reducción de gases a la que se comprometió en los compromisos internacionales.

El suspenso de España no tiene paliativos, ya que aumentan las emisiones en la generación eléctrica y en las centrales de uso combinado, así como se incrementan el consumo del petróleo, el de gas natural y el de las emisiones en el transporte por carretera. La recuperación de la producción industrial tras la crisis es uno de los motivos del aumento de emisiones, pero lo cierto es que, como denuncian los autores del informe, España paga la factura de una política climática errática y de una decisión crucial: el portazo a las energías renovables que decidió el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012.

Con esta decisión, España pasó de ser un referente en renovables a poner trabas a su desarrollo. En los últimos tiempos la producción de energía renovable ha repuntado, pero ello no ha servido para regresar a los tiempos en los que España podía competir en este sector a nivel internacional. Mientras muchos países occidentales apostaban por las renovables, España se quedaba atrás, desaprovechando así no solo una oportunidad de reducir emisiones, sino la posibilidad de crear puestos de trabajo y usar las energías limpias como un motor de cambio productivo.

Para rebajar las emisiones y, además, reducir la dependencia energética del extranjero, España necesita planificación y políticas energéticas y climáticas bien definidas. Todavía queda mucho por hacer en muchos sectores, desde el autoconsumo a la fiscalidad de la energía, pasando por primar sistemas de transporte limpio. No solo es una cuestión de luchar contra el cambio climático, sino de abrir la economía a nuevas oportunidades.