El discurso político adolece de un mal endémico: demasiado a menudo, la gravedad en los diagnósticos no se corresponde con la contundencia de las soluciones planteadas. La mayoría de la clase política española coincide en la gravedad de la primera sentencia publicada sobre el denominado ‘caso Gürtel’. Una resolución acreditada, aunque no definitiva, que avala la sospecha general: se usó dinero procedente del cobro de comisiones ilegales para financiar la campaña electoral en al menos dos ayuntamientos en una trama conectada con la denominada caja b del PP que está pendiente de ser juzgada en otra pieza.

Ante esa resolución, en un caso que contó con la declaración ante el tribunal del presidente del Gobierno, es evidente que se debe desencadenar alguna consecuencia política. En ello está de acuerdo todo el mundo, incluso en privado algunos dirigentes del propio PP.

Lo triste es que el exceso de tacticismo está impidiendo que los mecanismos previstos constitucionalmente para este tipo de situaciones funcionen correctamente. Pedro Sánchez los puso en marcha poco después de conocerse la noticia, cosa que algunos le han criticado por exceso de precipitación. En todo caso, si el presidente del Ejecutivo no estaba dispuesto a hacer nada (lo suyo hubiera sido una moción de confianza o una convocatoria de elecciones), a quién le corresponde hacerlo, y tiene mecanismos para ello, es al jefe de la oposición, en este caso Sánchez, aunque algunos, sumergidos en la demoscopia, lo quieran obviar.

Y ante esta iniciativa no caben ni los apriorismos ni los escapismos. ¿Por qué nadie está dispuesto a esperar la propuesta del candidato para fijar su posición? Esa es una cuestión formal, pero las formas -como hemos visto en el caso catalán- en determinados momentos son la esencia misma de la democracia.

Pero no, rápidamente se han lanzado a la yugular del dirigente socialista para acusarlo de pactar con los independentistas o con los populistas sin saber cuál va a ser su programa y su calendario.

Con este tipo de comportamientos, a pesar de que algunos piensan que les benefician momentáneamente como partidos, lo único que se consigue es el desprestigio general del sistema político español que es justo lo que acaba favoreciendo al secesionismo y al populismo, los males que a priori se pretenden evitar.