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editorial

Factura electoral del bloqueo

 

Formalmente, la campaña electoral de las elecciones del 10 de noviembre durará ocho días, pero en la sesión de control de ayer del Congreso se vivió el primer acto de una larga campaña en la que los diferentes partidos tratarán de amortizar la irritación ciudadana con el bloqueo político que ha llevado a la cuarta convocatoria electoral en cuatro años. En un tono muy duro, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cargó contra los líderes de Ciudadanos y Unidas Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, por no haber propiciado su investidura. De esta forma, Sánchez evidenció que parte de su estrategia electoral pasa por recabar el apoyo de votantes desengañados por el papel de Rivera e Iglesias en el bloqueo institucional. Que también tuviera palabras duras con los partidos independentistas catalanes denota que, ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’, el candidato socialista pretende no sufrir una hemorragia de votos por la derecha a cuenta de Cataluña.

La intención de Sánchez de jugar a izquierda y derecha es coherente en términos electorales. Aun así, el candidato socialista comparte con Unidas Podemos la incertidumbre respecto a cómo reaccionará el electorado de izquierdas al fracaso de las negociaciones entre los dos partidos de izquierdas para formar Gobierno. Comprobar hasta qué punto se desmoviliza el electorado de izquierdas y qué partido paga la factura más alta por la frustración que generó la fallida investidura puede ser una de las claves de las elecciones. Si durante el proceso negociador socialistas y morados se esforzaron en controlar el relato de lo que sucedía, durante la larga campaña este mensaje será aún más importante. El precio a pagar puede ser que crezca aún más la desconfianza entre dos partidos que las encuestas indican que tras el 10-N pueden verse de nuevo en la situación de entablar otro proceso negociador.

En el tablero catalán, donde el PSC logró en abril un muy buen resultado, la incertidumbre también es alta. La sentencia del ‘procés’ marcará las elecciones, y en caso de ser dura con los procesados puede generar un ambiente de excepcionalidad imprevisible en términos electorales. La gestión de la sentencia a las puertas de unas elecciones generales y con un Gobierno en funciones es una de las consecuencias perniciosas de la incapacidad de los partidos para investir a un presidente. Quién y cómo pagará la factura del bloqueo marcará el resultado electoral.