La fuerza de la ley

Para quienes albergaban dudas sobre la independencia de los jueces y desconfiaban de la ley como método de respuesta al desafío unilateral del independentismo, la declaración de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán es un ejemplo a considerar. La presidenta Carme Forcadell y el resto de los encausados quedaron en libertad, la mayoría tras pagar una fianza. El juez del Tribunal Supremo tomó una decisión diferente a la jueza de la Audiencia Nacional porque diferente fue también la actitud de los investigados, siguiendo en este caso el buen consejo de sus abogados. Lo sustancial es que en estas declaraciones aceptaron las reglas del juego. En primer lugar, porque respondieron a las preguntas de las partes, no solo a las de sus abogados. Decidieron colaborar con la justicia en lugar de obstruirla. E igualmente acataron la legalidad vigente, como ya habían hecho, por cierto, tras la aprobación de la aplicación del artículo 155, y se pusieron a actuar como Diputación Permanente tras la disolución del Parlamento. Con la misma contundencia reconocieron lo ya explicado, que la declaración de independencia no se votó, sino que formó parte de la exposición de motivos de la resolución efectivamente aprobada. Este giro estratégico convendría recibirlo con grandes dosis de serenidad. Es un triunfo del Estado de derecho que no debe exhibirse como una venganza ni como el resultado de una coacción o de un chantaje. La serenidad es imprescindible para esto que se ha llamado «desescalar el contencioso catalán».