Tras mantener el Ministerio de Justicia una posición mucho más tibia, el Gobierno ha anunciado la contratación de un bufete belga para proteger a Pablo Llarena tras la demanda presentada contra el juez del Supremo por el ‘expresident’ Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos. El juez instructor del ‘procés’ debe comparecer en Bélgica el próximo día 4. Es obvio que el Gobierno debe proteger a la jurisdicción española y a sus magistrados, por lo que hubiera sido deseable no haber hecho pública, el pasado jueves, una tibieza en el caso que provocó una tensión innecesaria, y no solo de los adversarios políticos, sino también de las principales asociaciones de jueces y fiscales. La dura carga política de la demanda de Puigdemont, que cuestiona el cumplimiento en España de derechos fundamentales, obligaba a actuar en ese sentido, ya que va mucho más allá de que el juez dijera en una conferencia que los dirigentes encarcelados no son presos políticos, el argumento utilizado para presentar la demanda. De la misma forma, cabría esperar del juez instructor del ‘procés’ la máxima prudencia en sus manifestaciones para no avivar el fuego del conflicto. En paralelo al giro del Ejecutivo, Puigdemont ha pedido a Pedro Sánchez algo que sabe innegociable: una propuesta concreta que aborde el derecho de autodeterminación. El inicio del curso político se presenta agitado.
