La decisión de Hungría y Polonia de bloquear la aprobación del presupuesto de la UE y, debido a ello, el fondo de reconstrucción de 750.000 millones tiene todas las trazas de ser un chantaje a los demás socios para que accedan a soslayar la exigencia de que el desembolso de las ayudas requiera de los beneficiarios el respeto por las normas del Estado de derecho. La regla de la unanimidad en manos de los gobiernos populistas de extrema derecha de Budapest y Varsovia es un instrumento de coacción política que deberá afrontar la videoconferencia del Consejo Europeo para desatascar la situación y permitir que avance el trámite presupuestario, paso previo para que la Unión Europea pueda emitir títulos de deuda destinados a financiar las subvenciones y créditos a los estados, que tan urgentes son. Es muy posible que no sean suficientes los llamamientos a la responsabilidad de Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la UE, para que Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki desistan en su empeño de hacer pasar por el aro a los demás países, pero sería muy preocupante que la única alternativa viable para allanar el camino fuese rebajar los requisitos mínimos de respeto a las convenciones democráticas.