Los chilenos han decidido por amplísima mayoría (78%) abrir un proceso constituyente que sepulte la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El resultado es consecuente con el enrarecido clima social del último año, las protestas en la calle contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, el coste humano de la orientación neoliberal de la economía y la progresión de las desigualdades. Se abre ahora un proceso complejo que no estará exento de tensiones porque es muy heterogéneo el conglomerado de votantes que apoyan la redacción de un nuevo texto. Pero lo será también porque el resultado de la elección de los encargados de alumbrar la nueva Constitución condicionará la orientación ideológica de su trabajo. Aunque el resultado del referéndum se presente como un triunfo de los promotores de la renovación institucional, los obstáculos para consagrar el Estado social ahí están y la trama de intereses consolidados merced a la Constitución pinochetista es un poder fáctico cada vez más incómodo con las reivindicaciones de una sociedad extremadamente dual, con grandes bolsas de pobreza a pesar de unas cifras macroeconómicas que son las mejores de la región.
