Junqueras se enroca en la política

Oriol Junqueras, en su calidad de vicepresidente de la Generalitat cuando se produjeron los hechos, fue el primero el pasado jueves en declarar en el juicio oral que se sigue en el Tribunal Supremo. La estrategia de Junqueras fue plenamente coherente con la que ha seguido su abogado, Andreu van den Eyden. Se autocalificó de «preso político» y lanzó una diatriba sobre la inviolabilidad de las urnas y la supremacía de la legitimidad democrática sobre la legalidad vigente en Cataluña emanada de la Constitución y del Estatut. Como respondió únicamente a las preguntas de su abogado, Junqueras pudo exponer sus argumentos con comodidad, con ese tono pedagógico que usaba habitualmente en el Parlament y con la vista más puesta en las inminentes campañas electorales que no en los magistrados que le están juzgando. Su actitud de menosprecio hacia la fiscalía y hacia las acusaciones tendrá un coste. Subirá la exigencia sobre los argumentos y las pruebas que podrían llevar a reconsiderar la calificación de los delitos sobre los que responde que comportan penas de entre 25 y 75 años según cada una de las partes. La actitud en este juicio de Junqueras no ha sido en ningún caso la que se pudiera esperar de alguien que como electo quiere y debe colaborar con la justicia para establecer la verdad de los hechos. Su carga contra la imparcialidad del tribunal y los derechos vulnerados puede llegar a ser efectiva en última instancia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero le pone al pie de los caballos de una sentencia por conspiración para la rebelión en el mejor de los casos. La opción del líder de Esquerra parece pues clara, arriesgar la cárcel para llegar a la jurisdicción internacional.