El auto de procesamiento contra los líderes del procés catalán, dictado ayer por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, es la adecuada respuesta judicial del Estado a la sedición recurrente del independentismo catalán. La primera parte de la macrocausa contra los impulsores del referéndum de autodeterminación y de la declaración unilateral de independencia (DUI) se cierra con 25 procesados por delitos tan graves como rebelión, desobediencia o malversación de fondos públicos, castigados con penas de inhabilitación y decenas de años de cárcel.

En la fase de juicio oral, el tribunal que juzgue la causa deberá dilucidar si los disturbios del 20 de septiembre frente al Departamento de Economía, el montaje para las votaciones del 1-O o la pseudo proclamación de una república catalana imaginaria el 7 de octubre en el Parlament encajan, como sostiene el instructor, en la tipología penal de rebelión, que exige la comisión de actos de violencia. En algunos pasajes de la narración de Llarena se explica que el 20-S en Barcelona hubo una «toma de rehenes» con «disparos al aire».

El reingreso en prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, del candidato a la investidura Jordi Turull --ahora suspendido-- y de los también exconsellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, junto a la huida al extranjero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, perfilan el desenlace judicial de la ofensiva independentista de los últimos años. De las caras visibles del procés, once se hallan en prisión preventiva y siete se han evadido de la acción de la justicia. Contra estos últimos el Supremo ha dictado ya órdenes de detención internacional. Al impacto político por los procesamientos se ha sumado la estrambótica carta abierta en la que Rovira anuncia su decisión de «emprender el camino del exilio», invocando su condición de madre para justificarla. La apelación a los sentimientos no evita, sin embargo, que la insolidaria decisión adoptada por la política republicana tras la celebración del pleno del Parlament del jueves, huyendo del país y evitando su comparecencia ante el juez haya dejado al resto de procesados --que sí acudieron-- en una difícil situación. Hubo una advertencia que los líderes independentistas prefirieron desoír: que la vía unilateral, aparte de estéril, toparía con la firme respuesta de la justicia y dañaría las instituciones catalanas. Una lección que nadie debería olvidar.