El problema de las pensiones en España es estructural. Son los trabajadores afiliados a la Seguridad Social quienes financian a los jubilados, y así sucede que las prestaciones que reciben estos dependen en buena medida de las fluctuaciones de las cotizaciones presentes y del total de afiliados. El reciente acuerdo político, retomando el Pacto de Toledo, que propone revalorizar las pensiones según el aumento del IPC, aunque solo será efectivo en el 2019, y quedará a expensas de un futuro cambio legislativo, ya ha recibido la advertencia del FMI en el sentido que serán necesarias medidas «sostenibles e integrales para aliviar las tensiones que aquejan al sistema». Para que no colapse, señala, deberá alargarse la edad de jubilación, habrá que contar con una notable tasa de inmigración o aumentar las cotizaciones, con la idea de que «exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto». En este alarmante estado de cosas, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha informado de que la hucha de las pensiones no solo no se ha incrementado en el último ejercicio, sino que ha disminuido por la equivocada política del PP de invertir en activos de deuda pública, ahora con rentabilidad negativa. Cara a una imprescindible reforma del sistema, con mayor sensibilidad hacia los derechos sociales perdidos en la crisis pero con la racionalidad que exige la situación macroeconómica, la falta de previsión del Gobierno de Rajoy ha sido una pésima noticia.
