La huelga de taxis ha adquirido en las últimas horas una peligrosa espiral que no puede conducir a ningún resultado positivo. Después de la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) de mantener la suspensión cautelar del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para los VTC (vehículos con conductor) el colectivo de taxis confirmó sus amenazas previas de colapsar la ciudad. Así ha ocurrido desde el viernes en una arteria tan principal como la Gran Vía, y en menor medida en la Diagonal y en la calle de Aragón. Una cosa es mantener una huelga indefinida, un derecho de los trabajadores, y otra distinta, bloquear una ciudad como Barcelona, con el perjuicio que supone, por encima de todo, para sus residentes habituales. Y después por la imagen que proyecta en la época de mayor afluencia de turistas. La cadena de consecuencias afecta directamente al comercio.

Como ya dijimos después de la primera jornada de huelga, cuando se produjeron unos incidentes aislados de una violencia inadmisible, el conflicto entre el sector del taxi y las nuevas plataformas digitales no terminará en ningún caso con la eliminación del competidor. A la espera de que se pronuncie la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), resulta una noticia positiva que el Ministerio de Fomento haya citado hoy en sendas reuniones de negociación a las partes implicadas, a las asociaciones del taxi por un lado y por otro, a las que representan a los VTC.

Parece claro que el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona debe ser el contexto en el que se negocie, más que un objetivo, entre dos mundos que están llamados a la cohabitación. Ni el taxi puede acaparar todo el pastel, como antaño, en estos tiempos digitales ni la irrupción de nuevos modelos pueden dejar herido de muerte al sector. Es conocido el grave perjuicio que origina la huelga de un servicio público, en manos privadas en este caso, pero nunca la acción reivindicativa puede llegar a los términos de bloquear una ciudad. Algo que elimina cualquier empatía que pueda tener una lucha sindical para derivar en un lógico rechazo. Y para evitar ese extremo corresponde a las diferentes administraciones agotar todas las vías de diálogo y negociación para buscar un acuerdo de consenso necesario que acabe con esta situación de bloqueo que afecta a la movilidad.