El problema de la vivienda es de los más acuciantes que tiene nuestra sociedad. En especial en las grandes ciudades, donde se producen fenómenos de tipo distinto que confluyen en la configuración de un panorama muchas veces dramático. Desde el acceso a pisos dignos para jóvenes a las dificultades que implica la Ley de Arrendamientos Urbanos con el límite de tres años para la revisión del alquiler, pasando por la gentrificación que expulsa a los vecinos de determinadas zonas, o por los desahucios provocados por la crisis económica, la situación reclama acciones decididas para garantizar un derecho constitucional en un momento en el que los alquileres se han disparado hasta límites difíciles de soportar y en el que es muy complicado acceder a viviendas de propiedad. El último informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, por ejemplo, indica que el 43% de las familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, la llamada ‘tasa de sobrecarga’ que es muy superior a la media europea. Y que el parque de vivienda social es notablemente reducido.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2022, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, intenta incidir en la problemática con distintas medidas. Entre las más notables, las ayudas al alquiler para menores de 35 años y mayores de 65 y familias afectadas por los desahucios, las ayudas que facilitan la compra, y la promoción de nuevas edificaciones destinadas a ser viviendas protegidas.

Esta última medida ha sido percibida como positiva por los promotores y también se trata de una demanda social explícita de los alcaldes, pero conviene recordar que una de las novedades del plan es que el incentivo para jóvenes se reduce a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, donde solo vive ahora un 9% de la población juvenil. Los expertos en urbanismo apuntan que promover el alquiler es positivo, porque el porcentaje español es residual, pero a la vez advierten que es un error usar políticas de vivienda con el objetivo de la repoblación.

Entre las críticas, destaca la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para quien el plan fomenta la especulación e ignora reivindicaciones de las ciudades más pobladas y con más déficit de vivienda. Reclama más dotación presupuestaria, la reforma urgente de la LAU y una política decidida de apoyo al alquiler social, según los estándares europeos.