Hace un mes, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato aparecía ante las cámaras en una imagen insólita: dirigiéndose a la cárcel de Soto del Real para cumplir una condena de cuatro años y medio por las tarjetas black. El hombre que mejor ejemplificó el poder económico pedía perdón antes de entrar en prisión. Ahora vuelve a sentarse en el banquillo por otra causa, la salida a bolsa de Bankia. La fiscalía pide cinco años de cárcel por estafa, al sostener que ocultó deliberadamente a los inversores la situación crítica del banco. Hay otros 33 procesados, entre ellos el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el exministro Ángel Acebes. El juicio oral comienza tras cinco años de instrucción. Un macroproceso para esclarecer uno de los mayores fraudes de una entidad financiera a la sociedad. Muchos inversores perdieron su dinero, y aunque el banco ya ha compensado a la mayoría de afectados, los responsables deben ser juzgados. Este y otros juicios contra exdirectivos del sector financiero (CatalunyaCaixa, CCM, Bancaja, Banco Popular, etcétera), así como contra las cláusulas suelo y otras prácticas abusivas, son una prueba de fuego para una justicia muy contestada por la ciudadanía. Aun sin olvidar que muchos avances no habrían sido posibles sin la presión ciudadana, la labor de jueces y fiscales contra los abusos de la banca no debería ser eclipsada por episodios como el del Supremo y el impuesto hipotecario.
