Tres días después de las elecciones del 21-D, el mensaje de Navidad del Rey era esperado por sus referencias a la situación en Cataluña, en cuya crisis intervino con decisión y no poca polémica en su duro discurso del 3 de octubre. Ante anoche, Felipe VI comenzó calificando el año que termina de «difícil» debido a la situación en Cataluña, a la que dedicó después mayor extensión. Ante la nueva etapa que debe abrirse tras las elecciones, el Rey pidió a los gobernantes salidos de las urnas que afronten «los problemas que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos».

Este nuevo camino «debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana -tan diversa y plural como es- recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo; de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos».

Este deseo seguro que es compartido por amplias capas de una sociedad que sigue enfrentada como consecuencia del proceso soberanista y de la reacción posterior del Estado para restaurar el orden constitucional violado por las autoridades catalanas.

Entre estas reacciones a la aplicación del artículo 155 de la Constitución destaca la de Carles Puigdemont, quien el sábado había apelado a Felipe VI a «rectificar» las posiciones mantenidas en el discurso de octubre, solo dos días después de haber manifestado la noche electoral que los catalanes habían derrotado a «la Monarquía del 155».

Tras este desplante, es seguro que el mensaje navideño del Rey no habrá colmado las demandas del expresident catalán, quien, como uno de los protagonistas de la crisis, debería tomar nota de las palabras del monarca cuando advierte de que «el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión, que (...) solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y -por supuesto- económico de toda una sociedad».

Cataluña, como no podía ser de otra forma, centró el mensaje, en el que el Rey reivindicó los logros de la democracia española en los últimos 40 años, aunque mostró su preocupación por los efectos de la crisis económica -desigualdad y diferencias sociales-, la corrupción, la amenaza del terrorismo yihadista y la violencia contra las mujeres, e instó a que España recupere el protagonismo en Europa perdido en los últimos años.