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Editorial

Una segunda oportunidad

 

Una mezcla de desconocimiento social y de lentitud del sistema judicial ha llevado a la paradójica situación de que muchas personas que podrían salir de la angustiosa situación vital de estar atrapadas por las deudas no lo hagan. No se trata de un proyecto de ley guardado en un cajón. La norma existe, se aprobó hace cuatro años y tiene un nombre esperanzador: ley de segunda oportunidad. Lo increíble es que, mientras países con mecanismos parecidos como Francia, Italia o Alemania registran entre 100.000 y 180.000 casos al año, en España se han canalizado menos de 8.000 casos desde su entrada en vigor. La ley de segunda oportunidad permite no pagar las deudas contraídas por particulares y autónomos, siempre que se demuestre que actuaron de buena fe y que no tienen recursos suficientes, entre otros requisitos. Se impone una reflexión sobre por qué ciudadanos que sufren la cara más extrema de la morosidad no se están beneficiando de una medida pensada, precisamente, para ellos. Por citar un ejemplo, en la provincia de Barcelona solo se resolvieron 96 concursos de personas físicas, de los 247 que se presentaron. Una cifra mínima, que habría que contextualizar en la elevada carga de trabajo en los juzgados, como ya advirtió la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso. Los expertos confían en que los trámites se aceleren y se consiga la sentencia en menos de un año. Agilizar los plazos sería una excelente noticia para dar el uso adecuado a una ley desaprovechada.