La justicia española ha recibido otro varapalo a raíz de la causa abierta contra los líderes del independentismo catalán. Esta vez ha sido la justicia belga, que ha rechazado tramitar la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contra los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por defectos de forma. La justicia belga considera que la euroorden emitida por Llarena no se corresponde con la orden de detención nacional cursada previamente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, un error que podría repetirse en el caso de Carles Puigdemont en Alemania y en el de Clara Ponsatí en Escocia. La justicia belga, pues, no entra en el fondo de la causa y deja abierta a que el Tribunal Supremo vuelva a presentar de forma adecuada la euroorden.
En una reacción sorprendente, fuentes del TS mostraron en público su enfado por la decisión de la justicia belga, a la que llegaron a acusar de «ausencia de compromiso» con prestar la colaboración judicial solicitada. Sea como sea, es el último revés a un proceso judicial que ha levantado muchas ampollas en el mundo jurídico español por su cuestionable concepción de la violencia en el delito de rebelión.
Es muy significativo que, más allá de cuestiones de forma, a la justicia española le cueste tanto encontrar argumentos que convenzan a los tribunales europeos de que deben entregar a los miembros del anterior Gobierno catalán que eludieron la acción de la justicia española. La consecuencia es que en estos momentos hay miembros de ese Ejecutivo sufriendo desde hace meses una desproporcionada prisión provisional y otros que gozan de libertad de accion personal y política en Europa tras haber cruzado la frontera. La comparación es lacerante.
La decisión de la justicia belga llega en un momento político marcado por la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat y sin duda refuerza al independentismo. Mariano Rajoy paga la factura de haber judicializado un problema político, y ahora que tiene en Barcelona lo que pedía (un presidente sin cuentas pendientes con la justicia) su posición política se ve debilitada por la discutible y errática acción judicial. Urge encauzar una vía política para Cataluña, un canal de diálogo sólido dentro del marco legal que permita afrontar los vaivenes judiciales que están por venir.
