Con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP está manifestando una total deslealtad al mandato constitucional además de una indecorosa instrumentalización política de las obligaciones que la Carta Magna impone al poder legislativo en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por dos veces, desde noviembre de 2018, cuando caducaba el mandato del CGPJ, el líder popular, Pablo Casado, rompió los acuerdos que ya estaban prácticamente cerrados con el Gobierno. Las razones esgrimidas han sido diversas, pero dan lugar a la sospecha de que tras esos incumplimientos está el deseo de mantener la composición actual del CGPJ, que refleja la mayoría absoluta que tenía el PP cuando se eligió. Tampoco es de recibo la condición de Casado de que solo se sentará a negociar si Pedro Sánchez echa a Unidas Podemos del Ejecutivo.

Aunque esa situación podría haber cambiado este viernes con la disposición manifestada por el presidente a pactar con el PP «ya» y la del negociador popular, Enrique López, que rebajó las condiciones de Casado a que UP no participe en la negociación, sigue siendo evidente que ha sido el intolerable obstruccionismo del PP el que ha llevado al Gobierno a buscar una solución legislativa que permita nombrar a los nuevos vocales del CGPJ.

El Ejecutivo, no obstante, debiera haber planteado una alternativa más meditada y acorde a la trascendencia del asunto sobre el que se debe legislar y haber evitado que su propuesta se perciba como improvisada y visceral. Hay criterios de oportunidad política que no se han tenido en cuenta, como tampoco parecen haberse sopesado suficientemente algunas consecuencias de la reforma.

Seguramente es atinado limitar los poderes y la capacidad de actuación de un CGPJ caducado, como ocurre con los gobiernos cuando entran en funciones, pero los efectos que puede tener la decisión de rebajar la exigencia de los tres quintos de las cámaras a la mayoría absoluta para la elección de 12 de los 20 vocales, en una segunda votación, exigen una mayor reflexión. Especialmente porque los otros 8 deben reunir esa mayoría por mandato constitucional y eso plantearía diferencias inconvenientes en el seno de la institución. Es probable que la reforma planteada no sea inconstitucional aunque sí parece un error político.