Cerco al calor en las aulas. El pleno de la Asamblea aprobó ayer la ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los colegios públicos de la región, cuya primera medida será la realización de una auditoría que evalúe el estado actual de los centros y plantee las acciones a seguir. La propuesta la presentó Podemos y ha sido consensuada con el PSOE, que ha introducido 25 enmiendas parciales al texto. El PP y Ciudadanos se abstuvieron y el diputado no adscrito y afiliado a Vox, Juan Antonio Morales, votó en contra.

Los populares criticaron el carácter electorialista de esta ley y lamentaron que deje fuera a los centros concertados. También pusieron de manifiesto que nace sin memoria económica, de ahí que la mayoría de sus enmiendas (todas rechazadas) fueran encaminadas a dotarla de financiación, en concreto 500 millones de euros en cuatro años.

Según explicó la portavoz de Podemos, Irene de Miguel, esta ley pretende acabar con el calor y el frío en las aulas para que las clases se puedan impartir «en unas condiciones dignas», dando además un impulso a las energías renovables y la rehabilitación de los centros siguiendo los criterios de eficiencia energética, informa Efe. De Miguel reconoció que Podemos ha tenido que rebajar sus expectativas para llegar a un acuerdo con el PSOE, pero que lo ha hecho porque el fin último era dar respuesta a una comunidad educativa «indignada».

Para asegurar el confort en las aulas en lo que a temperatura se refiere, así como mejorar la calidad del aire con la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, la Junta deberá elaborar en el plazo de un año y medio una auditoría que evalúe el estado actual de los colegios y les otorgue una calificación energética, además de plantear las acciones a seguir. No obstante, el departamento que dirige Esther Gutiérrez ha sacado ya a licitación un contrato para instalar fuentes de agua fría en todos los colegios públicos de la región con un presupuesto de 70.720 euros y también la redacción de un proyecto para llevar a cabo obras de eficiencia energética por 561.914 euros.

LA CONCERTADA, FUERA / En la defensa de las enmiendas del PP, la diputada Pilar Pérez lamentó que con el pacto PSOE-Podemos se hayan cerrado las puertas al diálogo para mejorar esta iniciativa que a juicio de los populares nace «muerta» porque cuenta con «cero euros» para llevarla a cabo. Por ello la diputada defendió que se trata de una «farsa» y que quedará en papel mojado.

Para evitar esto, explicó que con sus enmiendas el PP pretendía dotar de financiación a esta ley, en concreto una inversión de 500 millones de euros en cuatro años, que es el montante estimado por técnicos de la Junta, según Pérez. Asimismo, los populares defendían que las mejoras lleguen a todos los centros educativos y «no se discrimine» a los concertados, ampliar los plazos para cumplir las diferentes fases previstas y suprimir la intervención de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) para no dar cobertura a este «chiringuito» socialista.

Por su parte, el diputado no adscrito y afiliado a Vox, Juan Antonio Morales, defendió con sus enmiendas que la ley no supedite todo a las energías renovables porque en algunos casos puede ser más costoso. Al igual que el PP, señaló que se trata de «una ley electoralista de los grupos de izquierda» se quedará en nada porque no incluye dotación económica, lo que consideró un engaño a los extremeños.

Sin embargo, la diputada socialista Lara Garlito defendió que esta norma contribuirá a mejorar la calidad educativa y afirmó que aunque aún queda mucho por hacer en este ámbito, se están empezando a dar los pasos.