El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del nombramiento de Inmaculada Bonilla como directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), dependiente de la Administración regional, quien a pesar de ello se ha mantenido dos meses más en el cargo.
En mayo de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) consideró nulo el nombramiento de Bonilla, exalcaldesa socialista de Táliga (Badajoz) y a mediados de enero el Supremo comunicó a las partes que la sentencia era firme tras no admitir a trámite el recurso de casación.
Así lo ha denunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, en una rueda de prensa en la que ha aportado documentación a los periodistas.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este lunes una resolución en la que determinadas competencias de la presidencia de Epesec se delegaban en la Jefatura de Unidad Económico Administrativa para ocultar el cese de Bonilla, lo que extrañó al PP, que supo después que el viernes anterior se había despidió de los trabajadores.
Tras la sentencia firme del Supremo, Bonilla ha firmado varios contratos del servicio de transporte escolar, como también ha quedado constancia en el DOE, que ahora podría ser "anulables" si recurre alguna de las empresas interesadas, según la diputada popular.
Teniente ha denunciado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se empeñó en recurrir la sentencia "demoledora" del TSJEx, a pesar de la petición de cese que hizo entonces el PP, y ahora todos los extremeños deberán pagar las costas de todo el procedimiento.
La diputada popular ha recordado que el TSJEx anuló el nombramiento, a raíz del recurso interpuesto por otro aspirante, porque no cumplía con las bases de la convocatoria, porque no había ninguna motivación para el nombramiento y porque se había saltado la Ley de Función Pública y el Estatuto del Empleado Público.
Además de que no se razonaran las puntuaciones ni se acreditara la cualificación profesional para un puesto técnico, ha añadido.
"Por qué no se ha hecho público el cese", ha preguntado Teniente, que acusado a los socialistas de "mentir y engañar" en el DOE, ya que la Junta de Extremadura justifica los cambios en Epesec en razones de "celeridad y eficacia" para ocultar que Bonilla "ha salido por la puerta de atrás".
En estos dos meses la directora de Epesec podría haber usurpado funciones públicas, como recoge el artículo 402 del Código Penal, según la diputada del PP, que también ha dicho que el 405 habla del ilícito del que "propusiera nombrar a sabiendas de su ilegalidad".
A su juicio, la Junta, Fernández Vara y la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, deben pedir "perdón" y asumir responsabilidades, y en el caso de esta última con su marcha.
El PP se reserva todas las acciones posibles por lo ocurrido, pero Teniente ha señalado, a la pregunta de si acudirán a la Fiscalía, que no van a judicializar lo que ya lo está en pleno período electoral.
La diputada ha recalcado que este caso, que parte del "enchufe" a Bonilla con el único mérito de ser alcaldesa, ha sido un "escándalo" hasta el final, ya que el proceso para su nombramiento ha sido una "farsa" y luego ha habido una "obcecación" por mantenerla en el puesto.
Ha acusado por último a los socialistas de haber ocultado el fallo del Supremo durante la comisión de investigación de la contratación de personal en las empresas públicas.
