El plan de choque de Zapatero para hacer efectivo el derecho constitucional de tener una vivienda contempla la salida al mercado de 720.000 pisos en un plazo de cuatro años. A razón de 180.000 anuales, el PSOE propone 90.000 de compra y otros tantos de alquiler. Los primeros costarán entre 48.081 y 96.162 euros, y el alquiler no superará los 240 euros al mes. Los aspirantes a vivir en esas viviendas de protección oficial no podrán superar unos ingresos anuales de 30.000 euros anuales si pretenden comprar, o 18.000 si optan a alquiler.
La medida más original del programa de los socialistas obliga a fijar un precio máximo para las viviendas de protección oficial (VPO) que se actualizará anualmente, pero que se mantendrá para siempre. Es decir, desaparecerá la posibilidad de descalificarlas y las viviendas protegidas sólo podrán venderse a personas que estén inscritas en un registro general de solicitantes de VPO.
