Un escalofrío recorre el espinazo de muchos políticos, sobre todo en Euskadi. Cruzan los dedos con la esperanza de que la intuición les falle, pero se temen lo peor. Callan por no sembrar la alarma. Y es que, a solo seis días de la cita con las urnas, socialistas y populares dudan de que ETA mantenga su inquietante silencio hasta el domingo. Salvo los más optimistas, la mayoría sospecha que los terroristas tratarán de reventar la campaña electoral con un atentado. Los escoltas de los políticos vascos ya están sobre aviso.

Una siniestra reaparición de ETA haría saltar por los aires, por razones distintas, las estrategias electorales de los dos grandes partidos. Quizá por ello, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy se atreven a explicitar sus temores. Pero hay que leer entre líneas.

El pasado martes, en Vitoria, el presidente exigió el apoyo del PP deslizando un negro augurio que a pocos pasó desapercibido: "La política antiterrorista con todos los gobiernos fue, ha sido y será difícil." Rajoy le respondió ayer desde este diario: "Si ETA vuelve a matar, la culpa será exclusivamente de ETA, pero el Gobierno es responsable de haber retrocedido 20 años en la lucha contra los violentos".

Cruce de mensajes

Este diálogo cifrado entre Zapatero y Rajoy responde al código secreto que emplearon el 15 de enero en el debate del Congreso sobre el proceso de paz que ETA enterró, solo dos semanas antes, bajo los escombros del aparcamiento de la T-4 de Barajas. Aquel día Rajoy ofreció su apoyo al presidente --eso sí, condicionado a que renunciara a un final dialogado del terrorismo-- ante el temor a una ofensiva asesina de ETA. Promesa que acompañó de una endiablada advertencia que Zapatero no le ha perdonado: "Si usted no cumple con ETA, hay bombas, y si no hay bombas es porque ha cedido."

Desde entonces, el presidente sabe que cualquier gesto hacia el entorno etarra será denunciado por el PP. Así sea el traslado del etarra Iñaki de Juana a un hospital donostiarra o la retirada de cargos contra Arnaldo Otegi.

De ahí que, ante el intento de Batasuna de burlar la ley de partidos, el Ejecutivo y la fiscalía, presionados por un PP ávido de munición electoral, hayan anulado casi 400 listas aberzales. Una impugnación masiva que hasta el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoce ahora como excesiva.

Que hayan pasado la criba 123 de las 256 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no parece haber satisfecho a la izquierda aberzale. La primera represalia ha sido el boicot a los mítines del resto de partidos vascos, designio de la propia ETA. La segunda, la divulgación en Gara de las conversaciones que los socialistas vascos mantuvieron con Batasuna antes, durante y después de su ilegalización. La tercera está por llegar.

La irrupción de ETA en campaña con un atentado sería un varapalo para Zapatero, que sigue defendiendo el diálogo como instrumento para acelerar el fin del terrorismo. En tal caso, su respuesta será doble: conminar al PP a unirse al frente democrático antiterrorista y desencadenar la mayor ofensiva policial de su mandato contra ETA.

Rajoy ya ha acusado al presidente de "fortalecer a ETA". Con todo, sabe que una oleada terrorista puede reforzar a Zapatero y restaría credibilidad al mensaje del PP: la cesión del Gobierno ante el chantaje etarra. Pésima noticia para los populares.

En cuanto a Batasuna, una espiral violenta se los llevaría por delante. Un atentado los condenaría al ostracismo y a un futuro entre rejas, aplazado a la espera de que ETA dicte sentencia.