El Congreso y la fiscalía presionaron ayer al Tribunal Supremo para que suspenda a los diputados presos. Tanto la nueva presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, como el ministerio público pidieron que sea el alto tribunal el que aclare el futuro de los dirigentes del 1-O en prisión preventiva. PP, Cs y Vox exigen que sean apartados de manera inmediata, pese a que ERC y Junts per Catalunya puedan sacar rédito en las elecciones del próximo domingo. «Hay que evitar la humillación de la Constitución», señalan fuentes de la dirección popular.

Batet anunció ayer que la víspera, pocas horas después de haber asumido el cargo, había enviado una carta al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que concrete a la Cámara «las consecuencias de la ley procesal» para los cuatro parlamentarios que están siendo juzgados por el referéndum de independencia (Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez). La presidenta apuntó que el auto que ya hizo público el tribunal hacía referencia solo a la sesión constitutiva de las Cortes del martes, y ve «adecuado» saber cómo afecta esta situación a toda la legislatura. La respuesta también se tendrá en cuenta para el senador Raül Romeva, apuntan fuentes parlamentarias.

La iniciativa de Batet devuelve al Supremo la responsabilidad del futuro de los presos, pese a que este había dejado en manos del Congreso y el Senado la suspensión como parlamentarios y sugirió la aplicación del artículo 21 del reglamento, en el caso de la Cámara baja, que establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva. Ese gesto no gustó a los letrados de las Cortes. Fuentes parlamentarias transmitieron el malestar de los juristas por tener que asumir una iniciativa que consideran debe recaer en el alto tribunal.

El paso dado por la tercera autoridad del Estado ha ido en paralelo al de la fiscalía, que ayer solicitó al Supremo que ordene al Congreso «la aplicación inmediata» de la suspensión por efecto automático del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. El precepto se refiere a los «individuos terroristas o rebeldes» con auto de procesamiento firme y en prisión provisional.

INTENSO DEBATE / Con este paso dado por el ministerio fiscal, sería innecesario que la Mesa del Congreso y la del Senado, presidida por el socialista catalán Manuel Cruz, tomaran ninguna decisión. Los cuatro fiscales adscritos al caso han mantenido en los últimos días un intenso debate sobre esta cuestión, ya que había discrepancias entre ellos. La posición que al final ha triunfado es la más contundente: pedir la suspensión de oficio, sin esperar a que lo trataran las mesas de las Cámaras, informa Ángeles Vázquez.

Los magistrados analizaron si debían instar la suspensión al Congreso por el 384 bis, pero finalmente entendieron que con la aplicación de los reglamentos parlamentarios era suficiente porque en ellos se establece que la suspensión debe ser automática una vez procesados en firme y en prisión, como es el caso. El ministerio público, sin embargo, ha instado ahora a hacerlo y a adoptar las medidas precisas «para dar plena efectividad a la previsión legal».

En la Ser, Batet señaló que «todo indica» que los diputados independentistas van a tener que ser suspendidos porque no podrán ejercer plenamente las funciones para las que han sido elegidos. La política catalana comentó que tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el reglamento del Congreso son «bastante claros» en ese sentido.

Antes de anunciar la carta mandada al Supremo, Batet y Cruz acudieron a la Zarzuela para comunicarle al Rey la composición de las mesas de las dos Cámaras.

CON EL REY / La dirigente del PSC volverá la semana próxima a verse con Felipe VI para concretarle la composición de los grupos del Congreso de los Diputados a efectos de que el jefe del Estado pueda iniciar la tradicional ronda de consultas con los partidos con vistas a la sesión de investidura del presidente del Gobierno, informa Miguel Ángel Rodríguez. Junts tiene decidido proponer a Sànchez, en prisión preventiva, para representar a la formación en las entrevistas con el Rey.

A la espera de que el presidente del Supremo responda, la nueva presidenta del Congreso ha convocado para esta mañana la primera reunión de la Mesa de la Cámara.