Una declaración de intenciones deja clara la fórmula de Vox para el empleo: «los puestos de trabajo los crean los empresarios, no la administración». Y otra la refuerza en la misma página del programa al especificar que la actividad económica se facilita: «no estorbando, eliminando complicaciones administrativas y reduciendo al mínimo los impuestos y tasas». Un espejo para este plan es el Reino Unido: «niveles relativamente bajos de regulación del mercado laboral y de los impuestos». La solución que dan es liberalismo.

En empleo, principal preocupación en la región, la receta que del partido que en Extremadura encabeza Juan Antonio Morales es reforma fiscal, eliminación de trabas administrativas, apoyo a las familias para la conciliación, revisión de la normativa que «asfixia» a los autónomos y respaldo al empresario. En el programa se cuestiona el funcionamiento de los servicios públicos de empleo porque «solo consiguen colocar a un 1,8% de los solicitantes de empleo a pesar de recibir del Estado 90 millones cada año».

Su oferta para luchar contra el desempleo se liga a las medidas fiscales con una propuesta de reducción de la carga fiscal con la supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados; además se oferta la supresión de la plusvalía en los ayuntamientos, una rebaja del 5% en el tramo autonómico del IRPF para todos los extremeños y poner freno a la imposición de tributos autonómicos propios. Otras propuestas similares están encaminadas a reducir la carga fiscal en las zonas más despobladas con una reducción del IBI, el gasóleo agrícola y la bajada del 8% en el IRPF, además de bonificaciones para familias con hijos residentes en el medio rural y apoyo a la maternidad.

En el apartado de Economía y Recursos se muestra «un apoyo decidido a los autónomos, que son más de 80.000 en Extremadura», una apuesta «decidida por la I+D+I agrícola y agroalimentaria» y el aprovechamiento de «más de 300 edificios públicos que están sin uso». Por un lado Vox ofrece en su programa el apoyo «al desarrollo de las energías renovables», reivindicando al Gobierno «el Centro Ibérico de Energías Renovables». Y por otro se compromete a exigir «el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz en tanto no haya un plan alternativo para la zona» del Campo Arañuelo.

En el programa no se detallan con qué recursos se compensa la pérdida de ingresos por la reducción de la fiscalidad. Sí se hace una propuesta de recorte del gasto con, entre otras acciones, la eliminación de cargos y organismos duplicados y la privatización de empresas públicas.

Para agilizar el procedimiento administrativo se oferta reducir los requisitos, acortando para ello los plazos legales de tramitación e imponiendo que el efecto del silencio administrativo sea positivo. En el programa se plantea para dos de las principales competencias autonómicas, Educación y Sanidad, poner sobre la mesa el debate sobre la cesión de las mismas al Estado si no se dispone de financiación y de recursos suficientes para mantenerlas.

En el apartado de familia e igualdad, Vox anuncian iniciativas para que las bajas relacionadas con la maternidad supongan coste cero para las empresas, la creación de centros de apoyo a la mujer y kioscos para, entre otras medidas, fomentar políticas de adopción y acogimiento como alternativa al aborto y a los vientres de alquiler. Derogaría las leyes con un marcado carácter ideológico, no se citan en el programa cuáles, o que atente contra la libertad de pensamiento.

ASPECTOS CONCRETOS DEL PROGRAMA EN DISTINTAS MATERIAS

SALUD, ATENCIÓN PRIMARIA Y PERSONAL SANITARIO

Se pondrá sobre la mesa el debate sobre la cesión al Estado de la competencia en Sanidad si hay falta de financiación y de recursos. Lo mismo se plantea en Educación. En Atención Primaria se ofrece aumentar el tiempo de la consulta por paciente y agilizar los trámites y el acceso a pruebas diagnósticas consideradas hospitalarias desde la consulta primaria. En estrategias para mejorar las condiciones laborales, se plantean incentivos salariales y ventajas fiscales al personal sanitario del mundo rural; además se proponen contratos al 100% de tiempo y que ningún interino esté más de dos años.

CULTURA Y TRADICIONES

Propone la constitución de un equipo de historiadores que trabajen en recuperar y en impulsar la historia de Extremadura. Para 2021 se plantea la celebración del año de Hernán Cortés y de la Nueva España, con un programa integral con su epicentro en Medellín. Se protegerán la caza y la pesca. Se impulsará una ley de protección de la tauromaquia. Y se desarrollará una ley autonómica para favorecer el mecenazgo.

REDUCCIÓN DEL GASTO POLÍTICO Y TRANSPARENCIA

Se suprimirán agencias e institutos, como la agencia para el Desarrollo y la Cooperación o el Instituto de la Mujer. Se eliminarán todas las empresas públicas ineficientes con su restructuración y privatización y se suprimirán las subvenciones a asociaciones y organizaciones de proselitismo ideológico. En la lucha contra la corrupción se plantea abrir un canal de denuncias de casos de corrupción que respete el anonimato y la exclusión de los cargos electos de las mesas de contratación de la administración.

AGRICULTURA Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Se plantea recuperar el programa de cese anticipado para agricultores mayores de 55 años para posibilitar la transmisión de explotaciones a los jóvenes. Se exigirá la fijación de aranceles para amortiguar la competencia desleal que supone la importación de productos agrícolas y ganaderos de terceros países. Y se revisará la red Natura 2000 en Extremadura y si es necesario se replanteará la superficie protegida para favorecer las prácticas agrícolas y ganaderas. Para combatir las despoblación se propone, entre otras medidas, la reducción de cargas fiscales del IBI y del gasóleo agrícola, un plan digital para que todos los municipios dispongan de banda ancha y estudiar ayudas especiales a la natalidad y bonificaciones para familias con hijos residentes en el medio rural.

EDUCACIÓN

Se defiende la libre elección de colegio. Se propone un pin parental y la autorización expresa con objeto de que se necesite el consentimiento de los padres para cualquier actividad con contenido en valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales. Se ofrece la introducción como falta disciplinaria muy grave del personal docente funcionario, la del adoctrinamiento ideológico o la transmisión de valores políticos a los alumnos.