Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos.
La Junta Electoral ha advertido a Quim Torra «de responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir» si persiste «en la desobediencia» a sus acuerdos. La vía administrativa conlleva multa de 300 a 3.000 euros.
El artículo 410 del Código Penal prevé «multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años» para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a acatar.
