La reforma socialista del 2011 elevó de 65 a 67 la edad legal de jubilación de forma progresiva, hasta completar el proceso en el 2027. Lo que se debate ahora es cómo alargar la edad efectiva del retiro, que ahora se sitúa en torno a los 62,7 años (se prevén 64,5 años, en el 2027), por efecto de las jubilaciones anticipadas.

Es un mecanismo que debe servir para ajustar de forma automática la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida. Obedece al principio de que si se va a vivir más, la pensión debe ser algo menor. El PP introdujo el factor en su reforma del 2013 pero aún antes de haberlo concretado se optó por aplazar su aplicación al 2023.

El tope máximo de cotización actual es de 4.070,10 euros al mes. Todo el salario mensual por encima de este tope no cotiza a la Seguridad Social. Una de las vías de reforma debate si elevar este tope para aportar más ingresos al sistema. El dilema es si la pensión máxima (2.659,41 euros) también debe subir,

Extraer de los gastos que ahora financia la Seguridad Social una serie de partidas que no tienen carácter contributivo -como por ejemplo las bonificaciones a los contratos o, para algunos, los gastos de funcionamiento del sistema-, es una de las vías que estaba explorando el Pacto de Toledo para aligerar el déficit del modelo.

Los grupos políticos acordaron garantizar el poder adquisitivo de las pensiones «en base al IPC». El pacto dotaba al índice de precios de consumo de preferencia para guiar las subidas pero no se cerró el paso a otros indicadores, como el PIB, ni a poder excluir de las alzas a las pensiones más altas en caso de crisis.