La decisión del juez Pablo Llarena de rechazar la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, no es tan positiva para sus intereses, al menos políticos, como desde su entorno se está vendiendo a través de las redes sociales. El expresidente no podrá regresar a España durante los próximos 20 años, los que restan para que prescriba el delito de rebelión por el que ha sido procesado y por el que el magistrado acordó su suspensión de funciones como diputado. Y 20 años son muchos.
Lo que sí podrá es volver a ser candidato en futuros comicios, porque la ley electoral solo impide concurrir a los condenados en sentencia, aunque no sea firme. Esta previsión de la ley orgánica de régimen electoral general no afecta a la suspensión automática de funciones de los procesados en firme por rebelión, como es su caso o el del exvicepresidente Oriol Junqueras. Por ello sus circunstancias serían las mismas que las actuales, una vez que el Parlament proceda a dar cumplimiento al auto de Llarena.
Es decir, que si Junts per Catalunya o cualquier otro partido decide obviar el hándicap que acarrea que su cabeza de lista solo pueda hacer campaña a distancia -porque si pisa España sería inmediatamente detenido e ingresaría en prisión-, Puigdemont volverá a ser elegido y obtendrá el acta de diputado. No obstante, como estará suspendido, no podrá votar en el Parlament ni delegar el voto, lo que significará desaprovechar el escaño obtenido.
Como el juez ha renunciado a las órdenes de detención internacionales, tanto Puigdemont como los exconsejeros huidos, podrán ahora moverse por todo el mundo, salvo volver a España. Aunque deberían pensar bien a dónde dirigen sus pasos. Según fuentes jurídicas, esas órdenes siempre pueden ser reactivadas por el Tribunal Supremo para volver a intentar su entrega a través de una euroorden, si se trata de algún país europeo que se presuma más cercano a los intereses españoles, o de una extradición.
