La demografía presiona sobre el sistema. Previsiblemente, el peso de la población mayor de 67 años respecto de la de edad de trabajar (16-64 años) pasará del 25% actual a estar por encima del 50% en el 2048, según la Autoridad Fiscal. Por eso también se debaten posibles políticas de apoyo a la fecundidad y la inmigración.

En las discusiones del Pacto de Toledo pesa cómo equilibrar los intereses de la población más joven, cuyas cotizaciones financian las pensiones de ahora, con la necesidad de unas prestaciones suficientes para los mayores. La inestabilidad laboral no ayuda en absoluto a añadir presión sobre las generaciones más jóvenes.

El actual modelo de deducciones fiscales ligado a planes de pensiones se juzga ineficaz por el Banco de España; además, beneficia sobre todo a las rentas más altas. También se incluye en el debate cómo poder utilizar la vivienda en propiedad de las personas mayores para obtener unos recursos extras para su jubilación.

Para atajar el déficit también está en el debate poder destinar parte de la recaudación de impuestos a pagar las pensiones que ahora solo se financian con cotizaciones; o crear algún tributo nuevo (la ‘tasa Google’ por ejemplo). También se debate si destinar al pago de pensiones parte de la actual cotización por desempleo.

En 2011 se elevó de 15 a 25 años el periodo de cotización para calcular la pensión y se fijó en 37 años cotizados el acceso 100% de la base. Así, la pensión media se sitúa sobre el 49,5% del salario medio (tasa de sustitución) frente al 42,1% de la OCDE. Se debate subir a 35 años o a toda la vida laboral el periodo cálculo de 25.