El 68 % por ciento de las aguas residuales urbanas vertidas en zonas sensibles en España incumplía en 2007 y 2008 la normativa europea sobre depuración, según un informe publicado hoy por la Comisión Europea (CE).
España no aplicó correctamente en dichos años una de las tres principales disposiciones de la directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas, aunque sí cumplió en gran medida los otros dos puntos de la normativa, según el documento elaborado por el Ejecutivo comunitario.
El pasado mes de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ya declaró a España culpable del incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales en 38 aglomeraciones urbanas, tras una demanda presentada por la Comisión.
El informe presentado hoy señala en primer lugar que el 97 % de las aglomeraciones urbanas españolas cumplían con la obligación de contar con sistemas de recogida de aguas residuales.
España se sitúa en este punto cerca del grupo de 12 estados miembros que muestra un "amplio nivel de cumplimiento" de la directiva.
En segundo lugar, el 83 % de las aguas residuales son sometidas en España a un "tratamiento de depuración secundario", por debajo del grupo de Estados miembros con mejores resultados, como Austria, Dinamarca y Alemania, que alcanzan el 96 %.
No obstante, en cuanto a la obligación de someter a las aguas residuales urbanas vertidas en zonas sensibles a un tratamiento "más riguroso", España presentó un cumplimiento del 32 %, dentro del grupo de países con peores resultados de toda la UE.
El informe no menciona cuáles son las aglomeraciones que incumplen la normativa europea en el caso de España. La CE sí señala las grandes ciudades o áreas urbanas europeas que aún no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de aguas, entre las que se encuentran Costa do Estoril, Barreiro y Matosinhos (Portugal), Trieste (Italia), Frejus (Francia) o Bucarest (Rumanía).
El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, afirmó que los Veintisiete "van por el buen camino" para cumplir la normativa europea, aunque también destacó la necesidad de que las autoridades nacionales "se sigan esforzando", en un comunicado. La Comisión señaló que asistirá a los Estados miembros para instalar los sistemas necesarios mediante la financiación de proyectos, recurriendo a los Fondos de Cohesión europeos.
En cuanto al cumplimiento de la normativa, la CE anunció que tratará de colaborar con los Estados miembros cuando sea posible, y advirtió de que "seguirá tomando medidas legales contra los países que se queden atrás en la aplicación, sobre todo cuando presenten graves retrasos y lagunas".
