El abogado que logró que un juez ordenara la exhumación del Valle de los Caídos de dos víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado el fraude que considera que comete la Fundación Francisco Franco al enviar cartas a ayuntamientos para ofrecerse para asesorar "a bajo coste" o gratuitamente para que desobedezcan la ley de memoria histórica.
La denuncia que se basa en la misiva enviada por la fundación franquista a los consistorios "puede suponer un fraude, toda vez que es una fundación que fomenta recibir donaciones", que según la legislación que les es aplicable permite para el ejercicio 2016 y siguientes deducciones de hasta el 75% en el IRPF.
En el cuerpo de las cartas la fundación se ofrece a asesorar y representar hasta gratis a los ayuntamientos "que decidan incumplir la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, comunmente denominada como ley de memoria histórica".
El letrado recuerda que los fines de las fundaciones, según la Constitución, es "beneficiar a colectividades genéricas de personas" y se deben considerar "ilegales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos". El artículo 118 de la Constitución establece que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requeridas por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
