Las comunidades autónomas y el Gobierno central han aprobado desde el inicio de esta IX legislatura un total de 72 traspasos, lo que ha supuesto la transferencia a las administraciones territoriales de 4.401 funcionarios, con un coste efectivo de 751,6 millones de euros. Sólo tres comunidades autónomas -Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra- no han firmado traspasos desde los comicios generales de marzo de 2008, según datos del Ministerio de Política Territorial a los que ha tenido acceso Efe. Uno de los traspasos más significativos ha sido el de las políticas activas de empleo al País Vasco, la única comunidad que todavía no contaba con esta competencia. Su alta valoración económica -472 millones de euros- ha situado a Euskadi en el primer puesto en cuanto a coste efectivo de los traspasos acordados durante la presente Legislatura, con 547 millones de los 751,6 totales. En cuanto al número de traspasos acordados en las diferentes comisiones mixtas es Cataluña quien encabeza la lista, con 12 transferencias, 365 funcionarios y un coste de algo más de 20 millones de euros. Cataluña ha suscrito en lo que va de Legislatura acuerdos importantes como el traspaso de Cercanías, pero entre los más cuantiosos firmados en Comisión Mixta figura la transferencia de los trenes regionales, cuya gestión ha asumido ya la Generalitat. Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de traspasos (once) y de funcionarios transferidos (919 funcionarios), con un coste de casi 73 millones de euros. La competencia más importante que ha recibido Andalucía ha sido la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que discurre íntegramente por territorio andaluz. Otros acuerdos importantes suscritos desde 2008 ha sido el traspaso de la Justicia a varias comunidades, como Asturias o el recientemente firmado con La Rioja. Desde el pasado día 1 tres autonomías -Asturias, Castilla y León y Cantabria- gestionan el Parque Nacional de los Picos de Europa, que se convierte así en el décimo de su categoría transferido a las comunidades. Tras seis años de negociación, el pasado día 14 de diciembre el Gobierno dio luz verde al traspaso de ese Parque, que ocupa una superficie de 64.660 hectáreas en Asturias, Cantabria y la provincia de León.
