La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha mostrado hoy convencida de que se está "en la recta final" del acuerdo sobre el Estatut con el cumplimiento de los requisitos de lo que ha denominado "las tres c: Constitución, consenso y ciudadanía". De la Vega se ha pronunciado así tras el acuerdo alcanzado esta mañana entre el cuatripartito y el Gobierno en el capítulo de competencias del nuevo texto autonómico.De la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha respondido así a una pregunta sobre los criterios en los que se basa el Ejecutivo para considerar que el próximo día 21 habrá acuerdo en la negociación del Estatut de Catalunya.La vicepresidente ha asegurado que la posición el Gobierno en esta cuestión "no ha cambiado ni una coma" en todo el proceso, y ha subrayado que el Ejecutivo se basa en "lo mucho y bien que se ha venido trabajando" para opinar que "cada día estamos más cerca del acuerdo".De la Vega ha subrayado los "importantes esfuerzos" de todos los negociadores por llegar a un acuerdo, y ha destacado que todas las partes están trabajando "con intensidad, generosidad y responsabilidad", por lo que ha reiterado que el acuerdo "cada día está más cerca" y se ha mostrado convencida de que el Estatut será "bueno para Catalunya y para España".En relación con la obligatoriedad de conocer el catalán, ha asegurado que en la propuesta del Estatut "no hay ningún cambio sustancial en las normas existentes relativas a la regulación jurídica de la lengua".
El PSC aboga por revisar el método para avanzar másLa vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, ha destacado el "paso importante" dado en la reunión celebrada en Madrid al haber logrado un acuerdo sobre la definición de las competencias compartidas en el Estatut, pero ha apostado por revisar el método de negociación para avanzar más rápido.En declaraciones efectuadas al término de la cumbre entre representantes del Gobierno, el grupo socialista y los cuatro partidos catalanes que aprobaron la reforma estatutaria (PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA), De Madre ha explicado que la complejidad del texto sometido a debate está ralentizando los avances en la negociación.Ha asegurado que hoy se ha dado "un paso muy importante" al llegar a un consenso sobre el artículo 111, lo que supone haber encontrado la "llave" para "desatascar una cuestión que nos había hecho dedicar muchas horas y mucho trabajo".También ha considerado relevante que se haya pactado presentar a comienzos de la semana próxima las enmiendas a la reforma de la ley orgánica del poder judicial que está en trámite parlamentario, para incorporar de esta manera las demandas de los partidos catalanes sobre Justicia reflejadas en el proyecto de reforma del Estatut.En este sentido, ha apuntado su esperanza en que antes del día 21 de enero se pueda llegar a un acuerdo, sobre todo en las cuestiones "esenciales" para en febrero poder abrir la ponencia de la Comisión Constitucional con las cuestiones principales pactadas.CiU valora el acuerdo sobre competenciasEl portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los cuatro partidos que apoyan el Estatut que delimita la tipología de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas del Estado y la Generalitat.En rueda de prensa tras la reunión "multilateral" celebrada en el Congreso, Duran Lleida, ha considerado que este acuerdo sobre los artículos 111, 112 y 113 del Estatut, que delimitan las competencias de las dos administraciones "tapona una de las vías de penetración, de invasión y de usurpación de competencias que se había hecho en contra de la Generalitat".Según el nuevo redactado del artículo 111 del Estatut pactado entre el Gobierno y las fuerzas políticas catalanas, la Generalitat se compromete a desarrollar por ley el contenido de esas competencias compartidas.El portavoz de CiU ha avanzado que a partir de la próxima semana, el Ministerio de Justicia y el "cuatripartito" iniciarán una ronda de reuniones para pactar las reformas en materia de administración de Justicia, que serán consensuadas mediante enmiendas a la ley orgánica del poder judicial.
