Las acusaciones que representan a distintos colectivos de víctimas del terrorismo, bajo la dirección letrada de la que agrupa a las catalanas, se opondrán a la posibilidad de que se impongan fianzas a los miembros de los CDR en prisión bajo la imputación de los delitos de terrorismo, conspiración para cometer estragos y tenencia y fabricación de explosivos, según informaron fuentes jurídicas.
A diferencia del nuevo criterio de la fiscalía de la Audiencia Nacional, la acusación popular considera que los arrestados en septiembre formaban parte de una organización terrorista, con el correspondiente reparto de funciones, lo que hace irrelevante el argumento del ministerio público de que quienes no manipularon los explosivos pueden salir de prisión tras pagar fianzas de 9.000 euros.
Los beneficiados por la fiscalía son Xavier Buigas, Eduard Garzón y Xavier Guillem Duch, este último considerado máximo responsable de la presunta célula terrorista. La decisión final corresponderá a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, a la que las defensas recurrieron los segundos autos de prisión dictados por el juez Manuel García-Castellón, tras la anulación de los de septiembre por no haber tenido los abogados elementos esenciales para la defensa.
