El día de ayer debió ser eterno para el magistrado José Castro, juez de instrucción número 3 de Palma y responsable de la instrucción de la operación Espada, ligada a un supuesto caso de malversación de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena, una de las obras arquitectónicas cumbre del Gobierno del popular Jaume Matas. El juez Castro dedicó toda la jornada --hasta bien entrada la noche-- a escuchar los testimonios de cinco de los ocho detenidos en la citada operación.

Según la versión ofrecida por los abogados de algunos de los imputados, sus clientes insisten en la tesis (como ya hicieron ante la policía) de que no se lucraron con la construcción del pabellón y que si la construcción del emblemático edificio resultó más cara de lo inicialmente previsto fue porque el arquitecto que diseñó el proyecto, el alemán Ralph Schürmann, infravaloró los costes.

No obstante, el magistrado y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán propiciaron ayer larguísimos interrogatorios, a fin de conocer qué implicación pudieran tener estos arrestados con una hipotética desviación de más de 13 millones de euros de los cerca de 100 que costó finalmente el recinto, casi el doble de lo presupuestado al principio.

PRISAS CARAS Así, tras pasar 72 horas en el calabozo, llegaron ayer al juzgado, alrededor de las nueve de la mañana, Miguel Romero, responsable de la agencia de comunicación Nimbus (empresa ligada al polémico proyecto arquitectónico y a las campañas electorales de Matas); Jorge Moisés, exgerente del velódromo; el regatista Pepote Ballester, exdirector general de Deportes del Govern ; Miguel Angel Rodríguez, director general de la unión temporal de empresas (FCC y Melchor Mascaró) que construyó el pabellón, y Rafael Durán, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma.

Era previsible que el interrogatorio de Durán fuera el más largo, ya que el político conservador se había negado a declarar ante la policía, en la línea de desconfianza sugerida por la dirección de su partido. Según su abogado, Durán quería explicar personalmente al juez que no se ha llevado "ni un café" del velódromo, mientras que otro de los implicados --Romero, responsable de la agencia de comunicación-- admitió haber inflado los precios de sus servicios, aunque lo achacó a que las prisas para trabajar "se pagan".