Isabel Celaá asumió el cargo de ministra de Educación con un objetivo clarísimo: derogar la polémica ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE o la también conocida como ley Wert, una norma, según el PSOE, «lesiva, nociva, equivocada y segregadora» que ha empeorado los resultados educativos. Respaldada por gran parte de la comunidad educativa, Celaá ha puesto su empeño personal en derogar la norma del Gobierno del PP, cuyo propósito era, entre otros, «españolizar a los alumnos catalanes», según confesó su promotor, el exministro José Ignacio Wert.
El Consejo de Ministros la aprobó ayer para que el texto inicie así su trámite parlamentario. Y aunque la convocatoria de elecciones generales anticipadas la deja en punto muerto, como otras muchas iniciativas legislativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en este caso, el consenso político a favor de su derogación es amplio.
Hasta Ciudadanos está en contra. La ministra puso especial empeño en presentar la ley. ¿Por qué? «Por respeto» a todos los que han trabajado en su redacción, incluidas las comunidades no gobernadas por el PP.
La titular de Educación quiso dar ese último paso disparando sin piedad contra la LOMCE, ley que no gusta a nadie salvo los populares. En opinión de Celaá, la norma del anterior Ejecutivo no está acorde con las legislaciones europeas, segrega a los alumnos a una edad demasiado temprana y no ha evitado parar la sangría de las repeticiones y el abandono escolar. Además, ha atacado de forma frontal el modelo catalán de inmersión lingüística.
España tiene una tasa de repetición del 12% mientras que la media europea se sitúa en el 2%. La ley socialista contempla la repetición de curso como la última opción. En el caso de que un alumno repita, este tendrá un apoyo personalizado en la escuela. Actualmente, casi el 18% de los alumnos abandonan sus estudios, una cifra que debería ser -según las recomendaciones europeas- inferior al 15%.
La nueva norma potencia, según la ministra, una educación para el siglo XXI. Fortalece la formación hasta los tres años e insiste en la coeducación y la prevención de la violencia de género. Educa en el desarrollo sostenible y en las destrezas para las asignaturas digitales. Además, refuerza la formación profesional, a la que considera como unos estudios de primera categoría y no de segunda división.
El fin de las reválidas
La ley impulsada por Celaá organiza la educación primaria por ciclos. También elimina las reválidas (serán solo pruebas de competencias) y los itinerarios, que implicaban a los alumnos decidir en cuarto de la ESO su camino escolar en función de las asignaturas. El título único de la ESO dará paso a encaminar a los alumnos hacia el bachillerato o la formación profesional.
La norma, «respetuosa con la Constitución, el Estado y las autonomías», deja al Estado el 55% de las competencias curriculares en el caso de las comunidades con lengua cooficial (65% en el caso de los territorios sin lengua propia).
