El Madrid político y mediático, siempre ávido de pretextos para justificar su congénita crispación, amaneció ayer con una cierta sensación de déjà vu. La aprobación en el Parlamento catalán de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, la primera que desarrolla el Estatut tras casi un año de vigencia, resucitó el viejo discurso del España se rompe y, con él, la campaña anticatalana del bienio negro 2005-2006. Al frente de la manifestación se puso el PP, que en su día aparcó esta ofensiva para anatematizar el diálogo con ETA, pero que ayer, ante el goteo de golpes policiales a la banda, volvió a orientar sus cañones hacia Cataluña.

En síntesis, la nueva norma se limita a alumbrar el órgano previsto por el artículo 204 del Estatut: una agencia tributaria que, como ahora hace la Dirección General de Tributos de la Generalitat, gestionará los impuestos propios y los cedidos, y que en un futuro incierto colaborará con la agencia estatal, a través de un consorcio, en la gestión de los tributos compartidos: IRPF, IVA y especiales. Un diseño tributario que, pasado por el tamiz de cierta prensa madrileña --que gusta llamarse "nacional"--, adquiere ribetes casi secesionistas.

Tan pronto como leyó los titulares matutinos sobre el pacto entre el Gobierno catalán y CiU, el PP disparó contra el PSOE por tamaña "deslealtad, irresponsabilidad e insolidaridad". El diputado popular Vicente Martínez-Pujalte exigió al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, que "haga un estudio para ver si puede recurrir ante el Tribunal Constitucional" la ley del Parlament, y que presente las conclusiones en el Congreso.

"HACIA LA RUPTURA" No tuvo tiempo material para leer el texto pactado por el PSC, CiU, ERC e ICV --de hecho, ayer aún estaba en fase de corrección en la Cámara autonómica--, pero ello no impidió que Martínez-Pujalte sentenciara que la constitución de un órgano tributario en Cataluña es "un paso hacia la ruptura" de la agencia estatal, única garante de la "solidaridad en los impuestos que pagan los ciudadanos".

Solbes, informado sobre el contenido de la norma por el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, guardó ayer silencio, tras apuntar la víspera que el consorcio Estado-Generalitat es "compatible" con la Agencia Tributaria catalana. En nombre del PSOE, su secretaria de política autonómica, Carmen Hermosín, calificó de "correcta" la ley catalana y de "catastrófico" el discurso del PP.