El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, rechazó ayer la renuncia que le presentaron el vicepresidente de la institución, Eugeni Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado "para garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano" en su "insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución". Los dimisionarios esperaron a cumplir seis meses de prórroga en sus cargos para presentar las renuncias.

Fuentes del alto tribunal explicaron que Delgado llevaba ya meses anunciando a quien quisiera oírle que quería irse del TC por haber caducado su mandato. Y que la renovación pendiente en el Congreso de los Diputados de estos tres nombramientos y del sustituto de Roberto García Calvo, fallecido hace tres años, era un tema recurrente en los plenos de la sede judicial.

LOS ALEGATOS Gay así lo explica en la carta que remitió a Sala. "En el día de ayer el martes 7 de junio y antes de iniciarse el orden del día, volvió a plantearse el recurrente tema relativo a la grave disfunción que representa la no renovación de los magistrados de este tribunal que, por prescripción constitucional, han finalizado su mandato".

Este magistrado también revela que la anterior presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, se negó a dirigirse al Senado "y a los responsables de los partidos políticos mayoritarios" para que "dieran cumplimiento al mandato constitucional" después de que los jueces nombrados por la Cámara alta llevaran más de tres años en funciones. Por ello, el vicepresidente de la institución afirma que desde entonces ha tenido "la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".

También desvela que en la semana del 15 al 18 de noviembre del 2010, en el primer pleno después de la finalización de su mandato, anunció que renunciaba a su puesto, pero que finalmente optó por continuar porque su postura no fue suscrita por Delgado y Pérez Vera y porque "había fundadas esperanzas de que en pocos días" se iban a renovar "los dos tercios de los magistrados" que habían agotado su tiempo.

El Senado designó a cuatro jueces en esas fechas, pero el Congreso paralizó el nombramiento de otros cuatro por la exigencia del PP de nombrar a Enrique López, magistrado afín a los conservadores, una elección que fue frontalmente rechazada por el PSOE. Finalmente, el 7 de junio, Delgado y Pérez Vera anunciaron su renuncia al resto de sus compañeros.

EL DECRETO Sala solventó este plante con un decreto del que informó al Rey, al pleno del Tribunal Constitucional, al presidente del Gobierno, al del Congreso de los Diputados y al del Consejo General del Poder Judicial. En él recuerda que las renuncias de los jueces del TC solo pueden ser aceptadas por el presidente de la institución. También que, aunque la ley permite al Constitucional funcionar solo con ocho de los 12 magistrados que lo integran, "el volumen de procesos constitucionales pendientes" y la función de "garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas" le aconsejaron rechazar la renuncia.

A pesar de todo ello, Sala se comprometió con los dimisionarios a volver a exigir al Congreso "la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucionalmente establecidos".

Fuentes del tribunal negaron que la renuncia de los jueces tuviera relación con las críticas que ha recibido el TC por legalizar a Bildu. Gay y Pérez Vera votaron a favor de la coalición y Delgado se opuso. La postura de los dimisionarios obedece a una defensa de la institución.