La trama de espionaje supuestamente vinculada a la Comunidad de Madrid volvió a convertirse, ayer, en centro de atención de la opinión pública, ya que tres asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, acudieron a declarar como imputados a un tribunal de la región. Eso provocó que la presidenta Esperanza Aguirre se viera obligada a valorar tan espinoso asunto. "El Gobierno de Madrid no ha espiado, ni ordenado espiar, ni consentido ningún espionaje", enfatizó la dirigente, añadiendo que solo tomará medidas en caso de que los tribunales consigan demostrar lo contrario.

Contradiciendo la versión hasta ahora difundida por el Ejecutivo autonómico, existe un informe de la policía --ya depositado en el juzgado de instrucción número 5 de la región y basado en señales de localización emitidas por los móviles--, que apunta a que esos tres agentes estuvieron, el pasado mayo, a la misma hora y en el mismo sitio que políticos supuestamente espiados, como el exconsejero Alfredo Prada. Se da la circunstancia de que Prada era antaño hombre de Aguirre y, actualmente, cargo de confianza de Rajoy.

El abogado de los asesores de Granados sostuvo ayer, en la puerta del tribunal, que sus defendidos habían explicado a la jueza que solían realizar labores de contravigilancia, también a Prada. Eso explicaría, a su entender, que hayan podido estar en el entorno de los hipotéticamente espiados en fechas determinadas y recogidas en los partes de espionaje publicados por el diario El País . "Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de estas personas", subrayó.

PRUEBA DETERMINANTE La prueba caligráfica podría ser determinante para aclarar este punto. Quedará por esclarecer si estos agentes tenían competencia, o no, para ejercer esas "tareas de contravigilancia". Por otro lado, fuentes jurídicas resaltaron que los tres exguardia civiles, en varias ocasiones, señalaron que ellos obedecían al exresponsable de seguridad de Madrid, Sergio Gamón. Este fue colocado por la propia Aguirre en la consejería de Interior, y hay políticos que han insinuado que Gamón podría haber trabajado para la presidenta o para su mano derecha, Ignacio González, y no para Granados.

De cualquier forma, Aguirre no piensa dar más explicaciones ni tomar medidas hasta que el juez no se pronuncie. Eso sí, garantizó que si se demuestra que alguien, incluido Granados, cometió alguna irregularidad, actuará en consecuencia.