La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene tal enredo en el seno de su Gobierno --con espías y dosieres de por medio-- que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales y a la fiscalía para que le ayude, si es posible, a aclararlo. Ayer, el diario El País publicó que el vicepresidente y hombre de máxima confianza de Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado en sus viajes oficiales y privados al extranjero. Existen fotos y documentos que así lo prueban. Según fuentes del entorno de González, él desconoce por orden de quién o con qué objeto se realizaron esos seguimientos.
Además, el lunes se conoció que el consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, había contratado con dinero público a un equipo formado por al menos un expolicía y varios exguardias civiles para hacer informes confidenciales sobre varios temas. Ese equipo, supuestamente, funciona al margen del director de Interior de la comunidad, Enrique Barón.
Resulta inevitable preguntarse si ambas cuestiones, el espionaje a González y el grupo de seudoespías o asesores constituido por su compañero Granados, están o no relacionados entre sí. El consejero de Interior lo niega. Y los colaboradores de Aguirre prefieren no dar crédito, al menos por el momento, a esa tesis.
UN ´TOPO´ Pero la presidenta, a quien no ha gustado nada que su responsable de Interior tenga asesores-policías, quiere saber qué ocurre en su gabinete. Especialmente, al entender que, sea quien sea quien espía a su vicepresidente, hay un topo en la Comunidad que ha filtrado datos de su agenda que podrían haber comprometido su seguridad. Por eso, ayer solicitó a sus servicios jurídicos que interpongan una denuncia en el juzgado de guardia, y a la fiscalía, que investigue si algunos de sus altos cargos han sido objeto de seguimiento. Su consejero de Interior también se mostró partidario de que se den estos pasos, ya que desvincula totalmente esa cuestión de la que a él le atañe.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ya advirtió ayer de que no puede actuar de oficio en el caso que afecta a González, aunque, cuando haya una denuncia registrada, iniciará los trámites pertinentes para ver si existen indicios de delito. Por su lado, el PSOE e IU han exigido a Granados que explique a qué se dedican exactamente sus nuevos asesores. Y ya han alertado de que, si esas explicaciones no les resultan satisfactorias, demandarán la creación de una comisión de investigación.
¿Y qué dice su partido, el PP de Mariano Rajoy, de todo esto? Pues que hay que investigar asuntos de índole tan grave como el que concierne a los dosieres y los espías. Respaldo a Aguirre, el justo.
