El caso del espionaje interno en el PP no deja de generar nuevos episodios. Ayer fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que sorprendió a todos al revelar que tanto ella como Mariano Rajoy supieron hace tres años de la existencia de dosieres contra sus consejeros Ignacio González y Francisco Granados.

Aguirre explicó que fue el propio presidente del PP quien la llamó en el 2006 para comunicarle que "el tesorero tenía unos dosieres" sobre González y Granados. La presidenta asegura que pidió a sus consejeros que hablaran con el entonces tesorero del partido, Alvaro Lapuerta. Tras esta conversación --y siempre según la versión que ayer, por vez primera, ofreció Aguirre--, "se demostró que todo ello era falso y calumnioso".

BAILE DE FECHAS La presidenta desautorizó de este modo las versiones periodísticas que apuntan a que Lapuerta no informó a Rajoy de estos dosieres hasta el pasado año. Aguirre, por lo demás, se presentó ayer como la principal "víctima" de una operación política en la que dice percibir el aroma de la vendetta. "Políticamente van a por mí", proclamó la presidenta. Su versión, de acuerdo con la cual prácticamente todo es mentira --excepto el seguimiento que sufrió el vicepresidente González--, la desplegó ayer también el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Para David Pérez, la investigación interna abierta por el PP no tiene sentido porque, a su juicio, quienes han culpado de espionaje a la Comunidad se han echado atrás.

Pese a ello, las pesquisas ordenadas por Rajoy siguen su curso. No así la investigación parlamentaria que promueven IU y el PSOE de Madrid, convencidos de que el PP usará su mayoría absoluta en la Asamblea para abortarla. Los socialistas se han personado como acusación popular en el procedimiento por los supuestos espionajes.