La dirección del PP, por tercer día consecutivo, ha hecho campaña ante la prensa para cargar contra el sistema integral de interceptación de las comunicaciones (Sitel) por ser, a su entender, "ilegal e inconstitucional". Pero ayer los populares dieron un paso más: relacionaron el uso de este programa informático con el espionaje que, según la número dos del partido, Dolores de Cospedal, han venido sufriendo algunos dirigentes conservadores desde hace meses. La encargada de vincular ambos asuntos fue la propia Cospedal. "¿Os acordáis cuando denunciábamos que se estaban produciendo interceptaciones de comunicaciones sin cobertura legal y cuando este partido, en junio, denunció filtraciones de conversaciones que no estaban en los sumarios?", enfatizó ayer ante sus compañeros del PP manchego.

Al mismo tiempo, uno de los hombres de Esperanza Aguirre, el consejero Francisco Granados, se desmarcaba sin tapujos de la estrategia oficial del partido. "Yo he sido objeto de acusaciones absolutamente injustas. Por tanto, no voy a caer en la trampa de acusar de algo de lo que no tengo ningún elemento para saber que se esté produciendo", sentenció. No en vano, Granados es el máximo responsable del equipo de seguridad que, en la Comunidad de Madrid, ha sido acusado de espiar a otros populares, como el vicealcalde Manuel Cobo o el exconsejero Alfredo Prada. El caso está en los tribunales.

Pero el hecho de que los aguirristas se nieguen a seguir el discurso oficial del PP (algo ya habitual, por otra parte), no hizo cambiar de rumbo al equipo de Mariano Rajoy, que sigue arremetiendo contra el Ejecutivo socialista por, según dice, hacer uso de Sitel sin las debidas garantías. "Todo el mundo sabe, y el Gobierno no lo niega, que el ciudadano hoy está siendo vigilado. No solo en sus conversaciones telefónicas, sino en todos los sitios", advirtió ayer la vicesecretaria Ana Mato. Más duro fue aún el portavoz del PP, Esteban González Pons, quien reclamó al exministro del Interior y actual jefe del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que explique por qué puso en marcha el sistema Sitel (que en realidad encargó el propio Rajoy cuando dirigía Interior) y qué informes jurídicos manejaba entonces para garantizar la legalidad del sistema de escuchas.

En declaraciones a la cadena Cope, González Pons hizo hincapié en que los populares pretenden que el Gobierno socialista elabore una ley orgánica para, entre otras cosas, obligar a los usuarios de Sitel a contar con la supervisión de un juez e, incluso, con el control parlamentario. Pero si el PSOE se niega a llevar al Parlamento el proyecto legislativo que se le solicita, el PP, según advirtió su vicesecretario de comunicación, no dudará en acudir a los tribunales.

PROCESOS NULOS Pons ha asumido que si se pone en duda la legalidad del programa de escuchas que, actualmente, utilizan las fuerzas de seguridad del Estado, "cientos de procesos penales podrían resultar nulos". Incluido el caso Gürtel , que aún se encuentra en fase de instrucción, o.el de los atentados del 11-M. Si dicho caso u otros vinculados con el terrorismo o el narcotráfico fueran anulados, "no sería culpa del PP", subrayó el dirigente, sino de los ministros "que lo han consentido". Olvida que el Sitel llegó de la mano de Rajoy.