Diez meses después de una huelga que no existió contra la precariedad laboral y sólo a seis meses desde que se diluyeran esas normas, el Gobierno central ajusta el mensaje tal como le aconsejan las patronales de las pymes, que conocen de veras la realidad laboral española: si no se puede despedir barato, que se pueda contratar barato, reduciendo las cotizaciones sociales.
Sumado a lo de las hipotecas y los alquileres, avisan de que caerá el empleo y subirán los intereses. De eso sí entienden.
