La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha notificado hoy la imputación de otras diez personas, lo que eleva a 178 el total de acusados cuando esta misma tarde está tomando declaración a los últimos detenidos por la Guardia Civil.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, Alaya imputa a otras diez personas, dos de ellas abogados, relacionadas con la rama referida al cobro de sobrecomisiones en los ERE y beneficiarios de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.
Después de tres años de investigación, Alaya mantiene a 116 personas imputadas y además dictó el pasado 10 de septiembre un auto por el que abría el procedimiento para la imputación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.
La Guardia Civil ha imputado a otras 45 personas en la Operación Heracles 2, desarrollada días pasados en torno al cobro de sobrecomisiones.
Esta misma tarde, Alaya está tomando declaración a siete detenidos en esta operación, entre ellos Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y director del Área de Empleo de la Diputación, Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz, y Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A.
En su auto, la juez reconoce que en un caso con tantos imputados "debe cuidarse aún más, si cabe, el ser selectivos con las imputaciones" pero tras un examen de atestado de la Guardia Civil sobre las sobrecomisiones "han transcurrido varios meses y no parece que se vayan a producir en esta línea de responsabilidades de segundo orden nuevos hechos que determinen las mismas con mayor contundencia".
Por ello, está claro "que si ha de tomarse declaración a estas personas sólo puede ser en calidad de imputado".
Alaya cita a lo largo de varios días de diciembre a los abogados José Luis Leal y Alfredo Jiménez, del Bufete Villasis, al exdiputado vasco socialista Antonio Aso Martínez, beneficiario de una póliza en una empresa de corcho, y a Antonio Diéguez Viera, empresario perceptor de una ayuda en Cazalla de la Sierra (Sevilla).
También convoca a Antonio Santiago Pérez Porcel, empleado de la firma Servicios Inmediatos, una de las que se utilizaban presuntamente para blanquear las sobrecomisiones de los ERE, y a varias empleadas de las aseguradoras implicadas.
