El alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern Balear, Jaume Massot; y el celador municipal, Jaume Gibert, han pasado a disposición judicial después de que el lunes fueran detenidos por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística.
El fiscal anticorrupción de Baleares, Joan Carraru, imputa a Hidalgo y al celador haber recibido 738.000 euros por la venta de dos terceras partes de la constructora Prollamp de Ponent, la empresa mediante la cual se construían inmuebles en Cala Llamp (Andratx). Según diversas informaciones publicadas, el abono de la cantidad se realizó en dos pagos de 369.424 euros y tuvo como beneficiarios a Hidalgo y a la esposa del celador, Antonia Gari.
La operación anticorrupción bautizada Voramar ha destapado una red de empresas que presuntamente fueron empleadas para el blanqueo del dinero que obtenían Hidalgo y la mujer del celador de los promotores inmobiliarios, a cambio de conceder licencias para construir en terrenos no urbanizables o protegidos.
Carrau imputa además a Hidalgo, Gibert, Massot y al arquitecto firmante de los proyectos urbanísticos del primer edil, Miguel Arenas Gou, los delitos de cobro de comisiones y sobornos a cambio de conceder licencias urbanísticas para poder construir inmuebles en terrenos protegidos o rústicos.
